La ofensiva de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sumó un capítulo explosivo: Powell informó que la Fiscalía federal le abrió una investigación penal por presuntamente haber mentido ante el Comité Bancario del Senado cuando explicó las costosas obras de remodelación de la sede del banco central. Powell lo atribuyó a represalias por no plegarse a la presión de la Casa Blanca para bajar más agresivamente las tasas de interés, y defendió que la Fed decide con criterio técnico y de “interés general”, no según preferencias políticas.
Pero el intento de condicionar a la Fed se topó con un límite institucional: el Congreso. Tras el mensaje de Powell, legisladores de ambos partidos cuestionaron el uso de la investigación como herramienta de intimidación, y el republicano Thom Tillis avisó que se opondrá a cualquier nominación de Trump para reemplazar a Powell hasta que se aclare el caso. El punto es clave porque el sucesor necesita aval del Senado y Tillis puede trabar el proceso en un comité dividido; además, la Casa Blanca busca evitar que Powell siga como gobernador hasta 2028 (lo que dificultaría armar mayoría en el FOMC) y también empuja acciones contra la gobernadora Lisa Cook, otra figura resistente a las presiones por las tasas.