Golpe institucional en Estrasburgo: el Parlamento Europeo resolvió paralizar el acuerdo de libre comercio UE–Mercosur y derivarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe si el texto firmado recientemente en Paraguay es compatible con los tratados comunitarios. La votación salió ajustada: 334 a favor y 324 en contra.
La decisión abre un paréntesis incómodo para Bruselas, porque el expediente queda atado a los tiempos de Luxemburgo: otras coberturas europeas estiman que el pronunciamiento puede demorar entre 18 y 24 meses, lo que en la práctica congela la entrada en vigor política del pacto.
La Comisión Europea salió a cuestionar el movimiento y dijo que, según su análisis, los planteos del Parlamento “no están justificados”. Pero el freno expone que el acuerdo —negociado durante décadas— sigue atravesado por la discusión jurídica y por la pelea política interna sobre cómo blindar normas, mercados y soberanía regulatoria.