Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva, asumió como presidenta encargada de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El fallo ordenó la ejecución “inmediata” de la investidura y dispuso que se notifique a las autoridades civiles y militares, además de instancias como el Consejo de Defensa y el Parlamento.
Según la lectura del dictamen en cadena oficial, la Sala Constitucional sostuvo que Rodríguez debe ejercer “todas las atribuciones” del cargo para asegurar la continuidad administrativa y la “defensa integral” del país. El tribunal justificó la medida por una situación “excepcional” y de “fuerza mayor” vinculada al traslado de Maduro a territorio norteamericano, y aclaró que no resolvió si la ausencia presidencial es temporal o absoluta.
En paralelo, Rodríguez ya activó el Consejo de Defensa y promovió un decreto de “estado de conmoción exterior” para su validación, con facultades que incluyen movilización de la Fuerza Armada y control de infraestructura estratégica, incluida la industria petrolera. Especialistas citados en el artículo advirtieron, sin embargo, que el escenario planteado no encaja de manera plena en los supuestos constitucionales habituales para este tipo de reemplazo.