Estados Unidos formalizó su retiro de 66 organizaciones internacionales mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. El recorte incluye 31 entidades vinculadas a la ONU y apunta, sobre todo, a agencias y paneles ligados a clima, migración y trabajo, áreas que la Casa Blanca encuadra como parte de agendas de “diversidad” que chocan con sus prioridades.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida con un argumento de manual “America First”: Washington no pondrá “recursos” ni “peso diplomático” en instituciones que considera irrelevantes o en conflicto con los intereses del país, y dijo que varias son redundantes, mal gestionadas o una amenaza para la soberanía y la prosperidad. En el listado aparecen organismos como la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) y el Fondo de Población de la ONU, además de espacios menos visibles como el Global Counterterrorism Forum y el International IDEA.
Las críticas no tardaron: analistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que la decisión recorta la capacidad de EE.UU. de influir en reglas y estándares globales, y que el vacío puede ser aprovechado por otros actores con más interés en ocupar ese lugar. En paralelo, el movimiento suma presión sobre un sistema internacional que ya venía ajustándose por recortes y por la estrategia estadounidense de “pagar a la carta” lo que le conviene.