El juez federal Martín Cormick declaró nulo el “protocolo antipiquetes” que el Ministerio de Seguridad aplica desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En su fallo, sostuvo que la medida presenta defectos en su armado legal y dejó sin efecto la resolución administrativa que lo había puesto en marcha.
Según trascendidos, la Casa Rosada ya definió que apelará. Desde la cartera que hoy conduce Alejandra Monteoliva plantearon que la decisión judicial tiene un sesgo político y que insistirán en tribunales para sostener el esquema operativo con el que se controlan cortes y manifestaciones en la vía pública.
El caso llegó a manos de Cormick a partir de una acción de amparo presentada por el CELS. El magistrado argumentó que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que la Constitución reserva al Congreso, afectando —según su lectura— la división de poderes.
En paralelo, Patricia Bullrich —impulsora del protocolo cuando estaba al frente de Seguridad— salió a respaldarlo públicamente y cuestionó al juez. En el oficialismo, además, remarcaron que se trata del tercer fallo adverso de Cormick contra el Gobierno en menos de una semana, tras otros pronunciamientos vinculados al financiamiento universitario y a un conflicto con diplomáticos.