El Gobierno de Brasil adjudicó a varias empresas la explotación de 19 yacimientos petrolíferos frente al delta del río Amazonas, como parte de una subasta récord organizada por la Agencia Nacional del Petróleo. El Ejecutivo de Lula da Silva celebró con entusiasmo el resultado, que superó las expectativas y generará casi 180 millones de dólares este año, además de fuertes inversiones anuales. Sin embargo, la medida desató protestas de ecologistas e indígenas, quienes temen un grave impacto ambiental en la Amazonía. La estatal Petrobras lidera gran parte de las concesiones, junto a compañías como Exxon, Chevron y CNPC, mientras el gobierno justifica la expansión petrolera como motor de desarrollo regional y combate a la pobreza en zonas como Amapá.
La decisión ha generado tensiones dentro del propio Gobierno y pone en entredicho la imagen que Lula busca proyectar en la próxima COP30, que Brasil organizará en noviembre en Belém do Pará, cerca de estos futuros pozos. Organizaciones ambientales, como Greenpeace, critican que en plena crisis climática se insista en abrir nuevas fronteras petroleras en lugar de apostar por energías renovables. Las protestas se extendieron incluso a la reunión preparatoria de la COP30 en Alemania, donde los activistas denunciaron la contradicción de un país que aspira a liderar la diplomacia verde mientras refuerza su dependencia de los combustibles fósiles.